La lista que maneja EEUU sobre los delitos de Maduro contra los derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el expediente que maneja sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. El documento detalla cada una de las acciones emprendidas por el régimen de Maduro para mantenerse en el poder.

En el documento, el gobierno de Estados Unidos divide en tres puntos las agresiones que ha cometido la dictadura contra la Constitución. En primera instancia recuerda cómo Maduro desconoció la voluntad popular expresada el pasado 6 de diciembre de 2015 cuando la oposición derrotó al oficialismo en las elecciones legislativas.

“El 11 de enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional procedió a la sede de tres diputados legítimamente elegidos, el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea Nacional en desacato, dejando sin efecto toda la legislación posterior aprobada por este órgano elegido democráticamente”.

Igualmente resaltó el papel que ha desempeñado el Consejo Nacional Electoral para asegurar que los candidatos del régimen triunfen al ilegalizar partidos políticos y poner trabas a salidas constitucionales.

“En 2017 el CNE organizó elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo principal era redactar una nueva constitución. En cambio, Maduro usó la Asamblea para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional legítima…Este sistema electoral falso culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con la mayoría de las figuras de la oposición arrestadas, exiliadas o inhabilitadas”.

El expediente también registra la malversación de fondos en Pdvsa, las tramas de lavado de dinero y las negociaciones turbias del Arco Minero que han quebrado a la nación más rica de América Latina, generando la paralización del aparato productivo y una escasez que llegó a niveles históricos.

En cuanto a la violación de derechos humanos, Washington resalta como principal caso el asesinato bajo custodia del concejal Fernando Albán, quien fue detenido por el Sebin el pasado 5 de octubre. Asimismo, recoge las denuncias contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), órgano utilizado para reprimir las protestas en zonas populares.

“La FAES, compuesto por 1,300 oficiales, está acusado de matar a más de 100 personas en barrios de bajos ingresos desde junio hasta diciembre de 2018”.

A continuación el expediente íntegro.

“Maduro usurpó el poder; Él no es el presidente debidamente elegido. Juan Guaidó es la persona que eligió el pueblo venezolano. América y ahora otras 54 naciones simplemente han ratificado que, han dicho, ‘Sí, reconocemos que eso es lo que quieren los venezolanos’ ”.
Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, 19 de marzo de 2019.

El antiguo régimen de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que una vez fue próspera a la ruina económica con su gobierno autoritario y sus políticas económicas socialistas. Los matones de Maduro han cometido asesinatos extrajudiciales y torturas, han tomado prisioneros políticos y han restringido severamente la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder.

Actos inconstitucionales de Maduro:  

En 2015, los partidos de oposición en favor de la democracia derrotaron rotundamente al régimen de Maduro en las elecciones legislativas. Poco después, Maduro comenzó a desmantelar varias ramas del gobierno. El presidente de la ilegítima constituuente, Diosdado Cabello, se apresuró a amontonar a los tribunales del país con partidarios no calificados para servir como garantes del poder de Maduro.

El 11 de enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional procedió a la sede de tres diputados legítimamente elegidos, el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea Nacional en desacato, dejando sin efecto toda la legislación posterior aprobada por este órgano elegido democráticamente. Maduro ha dejado de lado deliberadamente esta Asamblea constitucionalmente legítima desde entonces.

Los compinches del Consejo Nacional Electoral de Maduro (CNE) supervisan la conducción de todas las elecciones y declaran a los ganadores. Desde 2015, han inclinado el campo de juego para asegurarse de que Maduro no pueda perder. Han descalificado a todos los principales partidos de la oposición y la mayoría de los candidatos de la oposición desde 2017.

En 2017, siguiendo las órdenes de Maduro, el CNE organizó elecciones ampliamente disputadas para la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo principal era redactar una nueva constitución. En cambio, Maduro usó la Asamblea para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional legítima, ratificar sus órdenes y promulgar leyes, muchas de las cuales vilipendian y desacreditan a las figuras de la oposición y sus propuestas políticas.

Este sistema electoral falso culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con la mayoría de las figuras de la oposición arrestadas, exiliadas o prohibidas de correr, Maduro se enfrentó a un campo de candidatos debilitado en una elección amañada. Para impulsar la participación pro maduro, el régimen sobornó a los votantes con alimentos y otros subsidios que necesitaban desesperadamente a cambio de sus votos.

El 10 de enero de 2019, Maduro asumió ilegalmente la presidencia en una ceremonia considerada ilegítima por muchos venezolanos y más de 50 países, incluida la mayoría de los vecinos de Venezuela y la mayoría de la Unión Europea.

En este contexto, Juan Guaido, elegido el 5 de enero de 2019 como Presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democrática y electa que queda en el país, invocó artículos relevantes de la constitución venezolana y se convirtió en Presidente Interino de Venezuela.

La corrupción de Maduro

El esquema de corrupción más grave de Maduro involucró la malversación de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En 2015, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un fallo en virtud de la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Un banco europeo aceptó comisiones exorbitantes para procesar aproximadamente $ 2 mil millones en transacciones relacionadas con lavadores de dinero de terceros, compañías fantasmas y productos financieros complejos para desviar fondos de PdVSA.

En 2018, un plan de lavado de dinero de $ 1,2 mil millones que involucra a Matthias Krull, un residente alemán y panameño alemán, y Gustavo Adolfo Hernández, un ciudadano colombiano y naturalizado de EE. UU., explotaron PDVSA y aprovecharon la corrupción en los sistemas de cambio de moneda extranjera de Venezuela al canjear dólares estadounidenses por bolívares venezolanos al precio del mercado y luego de nuevo.

En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12% del país era parte de un “Arco Minero del Orinoco” y se otorgó amplias autoridades para supervisar la explotación de los recursos para beneficio personal.

En 2017, el régimen expulsó a compañías extranjeras legítimas que hacen negocios y las reemplazó con mineros no regulados que operan con el respaldo de altos oficiales militares venezolanos.

En 2017, después de una investigación de siete meses, la Asamblea Nacional de Venezuela descubrió casos en los que el régimen “gastó” $ 42 para una caja de comida, que luego distribuyó a cambio de votos, en un momento en que los alimentos cuestan menos de $ 13.

El círculo interno de Maduro mantuvo la diferencia, que ascendió a más de $ 200 millones de dólares en al menos un caso. Venezuela se ubica en el puesto 169 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 de Transparencia Internacional.

Violaciones a los derechos humanos cometidas por Maduro:

En octubre de 2018, el concejal de Caracas Fernando Albán viajó a Nueva York para denunciar la brutalidad del régimen de Maduro durante   la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su regreso a Venezuela el 5 de octubre, la policía secreta de Maduro lo arrestó en el aeropuerto. Murió bajo custodia unos días después, cuando se cayó misteriosamente de una ventana del piso 10 de una prisión de máxima seguridad en Caracas.

Maduro se ha basado cada vez más en la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

El FAES, compuesto por 1,300 oficiales, está acusado de matar a más de 100 personas en barrios de bajos ingresos desde junio hasta diciembre de 2018. (26 de enero de 2019, informe de la ONG Provea)

El 20 de marzo de 2019, según Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ejecutó a 37 personas en relación con redadas ilegales de invasión a hogares en enero.

El régimen ha desplegado a la Guardia Nacional y milicias civiles conocidas como colectivos para reprimir a manifestantes pacíficos. Según la Asamblea Nacional, el régimen anterior es responsable de al menos 40 muertes relacionadas con la protesta en lo que va de año.

175 detenciones relacionadas con la protesta y 7 muertes reportadas el 23 de enero de 2019 (ONG Foro Penal)

1.255 personas detenidas desde el 21 de enero, 2019 (ONG Foro Penal)

864 presos de conciencia, incluidos 95 militares (ONG Foro Penal, al 4/1/19)

El 5 de abril de 2019, la ONG de derechos humanos PROVEA anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, incluidos tres presuntamente dirigidos por colectivos, policías, fuerzas de seguridad del estado y agencias de inteligencia, donde el régimen anterior detuvo de manera ilegal y maltrató a ciudadanos venezolanos.

El 4 de abril de 2019, la policía allanó la casa del diputado de la Asamblea Nacional, Roberto Alcalá, en un esfuerzo por procesarlo por inventados  cargos de terrorismo.

El 21 de marzo de 2019, la policía de Maduro allanó la casa del jefe de personal del presidente interino Juan Guaido, Roberto Marrero, y lo arrestó. Marrero sigue detenido en la agencia de inteligencia apoyada por Cuba, SEBIN. SEBIN tiene un historial de tratos crueles e inhumanos para forzar confesiones.

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